SERRANIA DE SAN TURBAN

Dos municipios de Santander están en el centro de una controversia clave que definirá el modelo de desarrollo sostenible del país. La adjudicación de la licencia ambiental a la compañía canadiense GreyStar en una zona de páramo es la punta del iceberg del debate sobre cómo debe ser la explotación minera frente a la protección de los recursos naturales. 
El proyecto Angostura, el principal de la canadiense Greystar, está localizado en la Serranía de Santurbán, en la provincia de Santander (noreste). La zona, con cerca de 30.000 habitantes, basa su economía desde hace más de 500 años en la minería artesanal de oro y plata.
El rechazo a la explotación del yacimiento a cielo abierto es liderado por la Red Colombiana contra la Gran Minería, con apoyo de sectores como el partido Polo Democrático Alternativo (PDA, izquierda), los comerciantes de la ciudad de Bucaramanga, capital de Santander, y sindicatos.
“Le pedimos al ministerio de Medioambiente que niegue la licencia que solicita Greystar para hacer minería de oro a cielo abierto en el páramo de Santurbán”, dijo a la AFP, Tatiana Rodríguez, de la ONG Censat-Aguaviva.
Según Rodríguez, “hay leyes que prohiben la minería en páramos, pero hay argumentos ambientales como que el agua que nace en esa zona, donde quieren perforar a 200 o más metros de profundidad, abastece los acueductos de 21 municipios de los departamentos de Santander y Norte de Santander”.
Greystar, por su parte, asegura que aplicará los más altos estándares mundiales de uso sostenible del agua. Argumenta además que la norma que prohibe la minería a alturas superiores a 3.000 metros es posterior a la autorización que recibió del gobierno colombiano para su exploración.
“La calidad del agua de Bucaramanga y de la zona está totalmente asegurada”, dijo a la AFP el ingeniero peruano Víctor Guimaraes, superintendente de Angostura, quien aseguró que “las aguas utilizadas serán tratadas, devueltas y disponibles para consumo humano”.
Además, dijo, “solo vamos a consumir 43 litros por segundo, que representa menos del 1% de los 1.000 litros por segundo que tiene el río Suratá en la parte más cercana a Bucaramanga”.
El senador Jorge Robledo, del PDA rechazó que vengan “las trasnacionales a hacer lo que les de la gana” y pidió que en la inversión extranjera en minería se estudie “caso por caso, en un análisis de costo-beneficio”.
“En Santurbán no puede haber proyecto, no solo porque es páramo, sino porque amenaza el acueducto de Bucaramanga”, sostuvo.
Pero pobladores de la zona defienden el proyecto. “Aquí deben traer a la ministra (de Medioambiente) para que observe bien cómo son las cosas y no crea solamente en las mentiras que están diciendo por ahí”, dijo Benedicta Pulido, una matrona del municipio de California, el más cercano a la mina.
“Eso que dicen en Bucaramanga no es cierto, que estamos contaminando, que las aguas del río van envenenadas. Yo tengo hartos familiares trabajando y no se ha muerto nadie”, enfatizó al defender la explotación tradicional.
Y recordó que antes de que llegaran las multinacionales a la región -donde ya están instaladas cinco de ellas-, los mineros artesanales “cianuraban
El proyecto Angostura, el principal de la canadiense Greystar, está localizado en la Serranía de Santurbán, en la provincia de Santander (noreste). La zona, con cerca de 30.000 habitantes, basa su economía desde hace más de 500 años en la minería artesanal de oro y plata.
El rechazo a la explotación del yacimiento a cielo abierto es liderado por la Red Colombiana contra la Gran Minería, con apoyo de sectores como el partido Polo Democrático Alternativo (PDA, izquierda), los comerciantes de la ciudad de Bucaramanga, capital de Santander, y sindicatos.
“Le pedimos al ministerio de Medioambiente que niegue la licencia que solicita Greystar para hacer minería de oro a cielo abierto en el páramo de Santurbán”, dijo a la AFP, Tatiana Rodríguez, de la ONG Censat-Aguaviva.
Según Rodríguez, “hay leyes que prohiben la minería en páramos, pero hay argumentos ambientales como que el agua que nace en esa zona, donde quieren perforar a 200 o más metros de profundidad, abastece los acueductos de 21 municipios de los departamentos de Santander y Norte de Santander”.
Greystar, por su parte, asegura que aplicará los más altos estándares mundiales de uso sostenible del agua. Argumenta además que la norma que prohibe la minería a alturas superiores a 3.000 metros es posterior a la autorización que recibió del gobierno colombiano para su exploración.
“La calidad del agua de Bucaramanga y de la zona está totalmente asegurada”, dijo a la AFP el ingeniero peruano Víctor Guimaraes, superintendente de Angostura, quien aseguró que “las aguas utilizadas serán tratadas, devueltas y disponibles para consumo humano”.
Además, dijo, “solo vamos a consumir 43 litros por segundo, que representa menos del 1% de los 1.000 litros por segundo que tiene el río Suratá en la parte más cercana a Bucaramanga”.
El senador Jorge Robledo, del PDA rechazó que vengan “las trasnacionales a hacer lo que les de la gana” y pidió que en la inversión extranjera en minería se estudie “caso por caso, en un análisis de costo-beneficio”.
“En Santurbán no puede haber proyecto, no solo porque es páramo, sino porque amenaza el acueducto de Bucaramanga”, sostuvo.
Pero pobladores de la zona defienden el proyecto. “Aquí deben traer a la ministra (de Medioambiente) para que observe bien cómo son las cosas y no crea solamente en las mentiras que están diciendo por ahí”, dijo Benedicta Pulido, una matrona del municipio de California, el más cercano a la mina.
“Eso que dicen en Bucaramanga no es cierto, que estamos contaminando, que las aguas del río van envenenadas. Yo tengo hartos familiares trabajando y no se ha muerto nadie”, enfatizó al defender la explotación tradicional.
Y recordó que antes de que llegaran las multinacionales a la región -donde ya están instaladas cinco de ellas-, los mineros artesanales “cianuraban y todas esas arenas iban al río y no se murió nadie, y nadie dijo nada”.
Juan Guerrero, concejal de California, señaló que Angostura “es el proyecto que le va traer desarrollo a la región, incluso a Colombia”.
“El ministerio y los ambientalistas deben saber que este tema se debe ver a la luz del aspecto técnico y no con rumores y marchas”, agregó.
“No estamos dispuestos a vivir la violencia de hace 12 años cuando teníamos a los grupos armados. Estamos viviendo bien, Greystar nos ha traido seguridad y nos van a traer progreso”, concluyó.



"LA SERRANIA DE SAN TURBAN"


La explotación de la minería y los hidrocarburos son uno de los pilares del proyecto de desarrollo económico del gobierno de Colombia para los próximos años.y todas esas arenas iban al río y no se murió nadie, y nadie dijo nada”.
Juan Guerrero, concejal de California, señaló que Angostura “es el proyecto que le va traer desarrollo a la región, incluso a Colombia”.
“El ministerio y los ambientalistas deben saber que este tema se debe ver a la luz del aspecto técnico y no con rumores y marchas”, agregó.
“No estamos dispuestos a vivir la violencia de hace 12 años cuando teníamos a los grupos armados. Estamos viviendo bien, Greystar nos ha traido seguridad y nos van a traer progreso”, concluyó.
La explotación de la minería y los hidrocarburos son uno de los pilares del proyecto de desarrollo económico del gobierno de Colombia para los próximos años.

Explotación minera amenaza a los páramos de Colombia La decisión de entregar licencias mineras en zonas protegidas va en contravía de las leyes que buscan preservarlos. La explotación en estas zonas pondría en riesgo su riqueza y biodiversidad. En mayo, el Ministerio de Ambiente decidió que la multinacional canadiense Greystar Resources debía presentar un nuevo estudio de impacto ambiental para analizar la viabilidad del proyecto minero Angostura (oro y plata), en Santander, porque, según la viceministra, Claudia Mora Pineda, "más de la mitad del proyecto está localizado en zonas de páramo". Algunos medios indicaron, que el recurso de reposición interpuesto por la multinacional fue fallado a su favor, pero ese mismo día el Ministerio aclaró que aún no ha determinado si el desarrollo del proyecto Angostura es o no viable.

Sin embargo, la tensión que ha generado el caso del páramo Santurbán puso una vez más sobre el tapete la polémica que existe ante la necesidad de garantizar el buen estado químico de las aguas, proteger los recursos hídricos y la diversidad biológica, frente a la aprobación de licencias para construcción, montaje y explotación minera en el país. En el caso concreto del páramo de Santurbán, en Santander, expertos señalan que la posible utilización de cianuro en el proceso de extracción podría terminar en las cuencas de agua que abastecen a Bucaramanga. Se sabe, por estudios científicos, que el cianuro es altamente tóxico y que permanece por cientos de años como contaminante.

La preocupación es mayor, si se tiene en cuenta que la minería es un ejercicio para beneficio particular y privado, y que la biodiversidad afectada es patrimonio nacional y de interés de la humanidad

Colombia, tierra de nadie. El Artículo 34 del Código de Minas establece que en las zonas excluibles de la minería "No podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y explotación mineras", específicamente en las áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales, de carácter regional, zonas de reserva forestal protectora y zonas de reserva forestal, ecosistemas de páramo y los humedales designados como Ramsar, que deben ser delimitadas geográficamente por la autoridad correspondiente con base en estudios técnicos, sociales y ambientales.

Pero incluso antes de la reforma del 34, el ordenamiento jurídico colombiano prevé, por sí mismo, su protección. Por ejemplo, la Ley 99 de 1993, en el aspecto específico de los páramos, consagró que páramos, subpáramos, nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos deben ser objeto de protección especial, y que la biodiversidad debe ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible, o la Ley 1333, que regula el procedimiento para sancionar a quienes contravengan las normas que regulan la protección de los recursos naturales y del ambiente, o la acción de tutela, cuando esa protección del ambiente esté en conexidad con un derecho fundamental.

Así mismo, en la sentencia C-443 de 2009, la Corte Constitucional "exhorta al Ministerio de Ambiente, al igual que a las corporaciones autónomas regionales y a las autoridades ambientales competentes, para que cumplan con los deberes ambientales a su cargo... y adopten medidas eficaces para la protección del medio ambiente en general y de las áreas de especial importancia ecológica tales como los páramos... aplicando el principio de precaución.... de manera tal que en caso de presentarse una falta de certeza científica absoluta frente a la exploración o explotación minera de una zona determinada, la decisión debe inclinarse necesariamente hacia la protección de medio ambiente".

Es así como el Ministerio del Medio Ambiente no solamente tiene el derecho sino el deber de solicitar dicho estudio, amparado tanto en la nueva legislación como en el ordenamiento jurídico previo.

Según datos del Ministerio, tan sólo para octubre de 2008 se habían otorgado títulos en zonas de protección y en otras zonas de interés ambiental forestal, que comprometían 1'220.611 hectáreas. Pero más preocupante todavía era que, para la misma fecha, las hectáreas afectadas por solicitudes para exploración y explotación llegaban a 7'948.910.

Malo para unos, bueno para otros. Mientras esto sucede en Colombia, en el resto del mundo se producen noticias relevantes frente a las políticas de exploración y explotación minera. En Estados Unidos, la revista Science publicó un estudio de un grupo de científicos de ese país, varios de ellos miembros de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. En éste argumentan que se debe hacer una moratoria que bloquee la concesión de permisos para explotaciones mineras en cumbres montañosas, debido a los irrefutables e irreversibles impactos ambientales. El documento exhorta a Estados Unidos a adoptar un papel de liderazgo global, ya que se prevé que durante la próxima década se incremente en gran medida el número de explotaciones mineras a cielo abierto en muchos países en vías de desarrollo. "Las pruebas científicas son contundentes", anuncia la coordinadora del estudio, Margaret Palmer, investigadora del Center for Environmental Science y en el Collage Park de la Universidad de Maryland. "Sus efectos son omnipresentes y muy duraderos; además, no hay prueba alguna de que las prácticas destinadas a paliarlos puedan tener éxito a la hora de revertir los daños causados. La extracción minera con explosivos es un atropello medioambiental", insiste la experta. "Además, existe una relación directa entre defectos congénitos, cáncer y contaminación del agua y este tipo de minería".

Por su parte, mediante resolución del 5 de mayo de 2010, el Parlamento Europeo exhorta a la prohibición completa del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro antes de que termine el año 2011. Las consideraciones para esa decisión son sencillas y concluyentes. Veamos aquellas que se aplican al caso colombiano: El cianuro es una sustancia química altamente tóxica utilizada en la minería del oro, está clasificado como uno de los principales contaminantes y puede tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud, el medio ambiente y en la diversidad biológica.

En los últimos 25 años se han registrado más de 30 accidentes importantes relacionados con el vertido de cianuro, y, teniendo en cuenta el incremento de las condiciones meteorológicas extremas, como fuertes y frecuentes precipitaciones, no existe ninguna garantía real de que no se produzca otro. La aplicación de la legislación vigente en relación con el uso de cianuro en la minería también depende de las competencias de los poderes ejecutivos de cada Estado miembro, por lo que si estos no son proactivos en prevención, la posibilidad de que ocurra un accidente es sólo cuestión de tiempo y de negligencia humana. El uso de cianuro en minería puede provocar enormes daños ecológicos, que raramente son reparados por las empresas explotadoras (que suelen desaparecer o declararse en quiebra), sino por los Estados: los contribuyentes. Las empresas no cuentan con seguros a largo plazo que cubran los costos en caso de accidente. El Parlamento pide a los Estados miembros que no presten apoyo, de forma directa o indirecta, a ningún proyecto minero en la UE en que se empleen tecnologías a base de cianuro ni respalden proyectos de esas características en terceros países.

En el caso colombiano es prioritaria la revisión de las consideraciones de la UE, mas aun cuando las empresas mineras internacionales han dicho en el país que la "minería responsable" no usa mercurio sino cianuro, máxime cuando se sabe que Colombia es el lugar del mundo de mayor contaminación de mercurio en el aire y en el agua, según un informe de Marcello Veiga, consultor de Naciones Unidas. La pregunta que se cae de su peso es por qué lo que está mal para Estados Unidos y para los países de la Unión Europea, es bueno para nuestro país, considerado uno de los más biodiversos del mundo. Además de ello, los ambientalistas que se oponen fuertemente al proyecto argumentan que la mina está ubicada en un páramo. Señalan que los páramos son pisos térmicos que se ubican entre los 3.000 y 4.700 metros de altura y resaltan que son una rareza mundial, una importante fuente de agua y que son tremendamente frágiles. El proyecto minero está ubicado a 3.200 metros sobre el nivel del mar.

Dicen además que las solicitudes mineras que hay en la actualidad para aprobación ambiental cubren un área equivalente al 46% del área total del páramo de Santurbán. La compañía, por su parte se defiende con dos argumentos legales. El primero, que la ley que prohibió las explotaciones mineras en zonas de páramo fue expedida en febrero de 2010, dos meses después de que Greystar hubiera entregado formalmente su solicitud de explotación al Ministerio. “La ley no puede ser retroactiva”, le dijo un portavoz de la firma a Dinero.com al comienzo del mes. También argumentan que la altura en la que comienzan los páramos no está definida legalmente.